CONGRESO PARTIDO

Ayer se rechazaron los dictámenes de las comisiones legislativas, referentes a dos vetos emitidos por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, contra iniciativas aprobadas antes por el propio Congreso, por no haber alcanzado el aval de las dos terceras partes del pleno.
Recapitulando, la fracción mayoritaria morenista propuso y aprobó una Ley de Austeridad y otra Ley de percepciones de los servidores públicos; el gobernador las vetó y para revertir esa obstrucción se requería la mayoría calificada, que no se alcanzó.
Una era para acotarlos gastos del gobierno en temas considerados como excesos o lujos y la otra, para que dentro del aparato estatal nadie gane más que el Presidente de la República
Con los panistas, votaron los dos diputados priístas, quienes aunque seguían sin ser mayoría, sí rebasaban la tercera parte, suficiente para sostener el veto.
En lo que seguìa el diàlogo de sorgos, era respecto de los otros vetos enviados por el gobernador, en los que cada uno, panistas y morenistas, traen su propio discurso y seguiridad de tener la verdad juridica y legislativa, pese a contraponerse entre ellas.
En el primer paquete de tres, la dictaminadora, con el aval de la mayoría de los votos, se determinó que el ejecutivo no señaló particularmente los puntos y argumentos de sus observaciones, declarándolas no presentadas.
La diputada panista que preside los trabajos de la mesa, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, antes de darse esa votación, ya había declarado vigente el veto, “al haberse agotado el plazo para su revocación” y luego, aludió al término de la mayoría absoluta.
Los otros dos vetos, dijo la dictaminadora, los morenistas y quienes con ellos votaron –en una Movimiento Ciudadano y en la otra también el PRI-, procedieron en lo que observó el Ejecutivo, pero no en el fondo.
Así dieron vigencia al Fondo de Capitalidad, sin las estructuras cuestionadas por el Gobernador, pero igual la diputada presidenta de la mesa desconoció el 20 a 15 que lo avalaba, volviendo al tema de las dos terceras partes.
“Todo se va a publicar en el periódico oficial del Estado, para darle vigencia, en el sentido de la procedencia de los vetos. Si tienen alguna objeción –los morenistas- que vayan a los tribunales”, expresó.
En la contraparte, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, advirtió que no revertir los vetos, alterar las actas sobre lo que aprobó la mayoría de los diputados, y ejercer acciones contrarias a lo dispuesto por el Congreso sería un delito.
Cada cual por su lado, con el mismo argumento de que lo que estàn haciendo es en beneficio de la ciudadanía.
Ayer, todavía, se presentó por tercera ocasión el tema de fondo de capitalidad para Ciudad Victoria, donde el morenista ISIDRO VARGAS pidió se votara la vigencia de su aprobación en la session previa.
Ya los priístas no votaron a favor, como en la primera ocasión, regresando a sus alianzas con los del PAN y aunque GUSTAVO CÁRDENAS –otro de los favorecedores del tema- faltó a la plenaria de ayer, MORENA alcanzó la mayoría de votos.
La presidenta de la mesa ahora sí lo dió por consumado, ordenando su publicación como asunto aprobado, aunque más bien parecía que no sabían ni lo que habían votado y seguramente lo andarán desconociendo en cuanto les avisen.
Al diputado presidente, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, le mandaron preguntar de gobierno, por el pago de los derechos vehículares de las unidades de su propiedad, asegurando que tenía deudas al respecto.
El legislador lo rechazó y aclaró que se mueve en su propia unidad, una camioneta compass 2019, que el mismo maneja, sin chofer ni blindajes y su esposa tiene una scape 2020, advirtiendo que piensa cambiarla pronto, mediante financiamiento.
He ahí la diferencia; hasta hace poco, el propio Congreso –gobierno- les entregaba a los diputados vehículos nuevos, en arrendamiento pagado por el presupuesto: mismas unidades que al terminar la gestión se quedaban los diputados.
Y del presidente, ni se diga, la camionetota nueva, de lujo, blindada, solía renovársele en el transcurso del trienio, incluido chofer, guaruras, servidumbre y despensa, todo con cargo al presupuesto público.
Ahora no hay obras, ni presupuesto para el Congreso, pero el endeudamiento público de este gobierno más que duplica, casi triplica todos los créditos ejercidos por los anteriores tres gobiernos, sin contar la renegociación que de suyo, entrando, duplicó el tiempo de los pagos, sin disminuir un peso los abonos, en beneficio de quién, nadie sabe, pero todos sospechan.
De la reunion dominical morenista que hablamos en nuestra colaboración anterior, cabe hacer algunas precisiones, correcciones, fe de erratas.
No fue un encuentro en torno del precandidato a la gubernatura AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ni cosa parecida, de entrada.
Más bien quien pareció estar detrás fue la exalcaldesa reynosense MAKI ORTIZ a través de su “pistolero”, JUAN GARCÍA GUERRERO, y la intención era apoderarse del Consejo Político Estatal morenista, pero no pudieron, porque no hicieron quorum.
Lo cierto es que desde que murió JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA, el consejo morenista tamaulipeco está de manera irregular, presidido por el exvocero del partido, AHOYAMA, sin que se hubiera dado un pleno legal que lo avalara.
En la agenda nacional ya está la renovación del Consejo, porque además, muchos de sus miembros originales ya migraron, pero los intentos externos por infiltrar ese organo partidista no tienen destino.
En Tampico, la plenaria de las bancadas panistas del Congreso de la Unión, con presencia del dirigente nacional del partido, MARKO CORTÉS, fue ocasión para que se pronunciaran en torno de la candidatura del CESAR “Truko” VERÁSTEGUI a la gubernatura tamaulipeca.
El tema de “la estabilidad” del Estado, es el principal argumento por el que ponderaron la vigencia de que el exalcalde de Xicotencatl pueda llegar a ganar la elección del próximo 5 de junio.
El que no lo difundan, sino más bien oculten las autoridades los hechos de sangre, violencia y demás expresiones del delito, que han ido en aumento en las últimas semanas, no quiere decir que no existan, o que la sociedad las desconozca.
Entonces un argumento de esa naturaleza para soportar proyectos politicos resulta harto endeble y en riesgo de revertirse para sus autores.
Y ya deberían alcararle a “los suyos” que, no haber firmado el acuerdo del INSABI, significa que pidieron el presupuesto federal para ejercerlos ellos –el gobierno del estado- y mantenerse al margen de los programas para la salud operados por la federación.
Digo, porque en un mitin sí y en otro también, no falta quien, queriendo quedar bien, aparece culpando a la federación de la falta de medicamentos y atención en los hospitales del Estado.
Ello es responsabilidad y culpa, por disposición propia, del Gobierno estatal panista, y de nadie más.