Más que entusiasmo, las nuevas reglas de operación para los vehículos de procedencia norteamericana, susceptibles de regularización generó más incertidumbre, desconfianza y hasta un incremento en el costo a pagar por parte de los propietarios.
En el peor de los casos, hay organizaciones como la Unión Campesina Democrática, que tiene preparado un “enjuague” con agencias aduanales, que si bien estarían en la “mejor disposición” de ayudar a los propietarios de autos y camionetas americanas, tendría un costo económico.
Con ello y otros impuestos, derechos y obligaciones, el precio a pagar por regularizar las unidades americanas se incrementa en forma importante y por ende, habrá propietarios que van a preferir andar en la ilegalidad que poner fin a esta problemática social.
Entre otras cosas, las reglas de operación indican que las unidades susceptibles de regularización, tienen que ser llevadas, es decir, rodando hasta las agencias aduanales que se habilitaron en Camargo y Miguel Alemán.
De entrada, son municipios en los que imperan las situaciones de riesgo.
El título de cada unidad, no debe tener por lo menos 40 observaciones, en su mayoría denominadas “Salvage”, porque no entran en el decreto.
Tampoco se van a poder regularizar, las que no hayan sido ensambladas en México, Estados Unidos o Canadá.
Aparte de pagar en las agencias los servicios aduanales para el pedimento, que aún no se sabe cuánto, los propietarios pagarán dos mil 500 pesos, que si bien los cobrará el Estado tendrá que enviarlos a la Federación, para luego ser aplicados en obras de infraestructura en diferentes municipios.
A eso habría que sumarle el pago de derechos de control vehicular, que con placas, se acercará a los mil 800 pesos más.
Si bien algunos propietarios tienen solvencia económica como para trasladarse de Tampico a la frontera chica y pagar el costo que implica, habrá otros de Tula que no lo harán.
Aparte de ello, al ver la circulación de esas unidades hacia Camargo o Miguel Alemán, no faltará alguien que los detenga en el trayecto y les permita llegar a cambio de alguna “cuota”.
En términos generales, la regularización no tiene las mismas características que las de 1997, cuando las agencias aduanales vinieron a la Capital del Estado y coadyuvaron en la organización para regularizar autos y camionetas que circulaban en territorio nacional.
Hoy, lejos de que fuera en los mismos términos, dado que las unidades se encuentran en territorio nacional, pareciera que lo que se busca no es una solución, sino complicar todavía más un problema social. En fin
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