Hubo, para la pasada elección, siete candidatos de sendos partidos, por cada uno de los 22 distritos locales uninominales en que se reparte la geopolítica tamaulipeca, además del independiente registrado por Nuevo Laredo dos.
Esos 155 candidatos pudieron gastar entre cinco y seis millones de pesos -el tope de ley- cada uno, para su despliegue proselitista, que harían una derrama de entre 775 y 900 millones de pesos.
Pero no, los candidatos en suma reportaron al INE haber tenido ingresos por 85.3 millones de pesos, de los que “probaron” haber gastado 84.1 millones de pesos en las campañas, algo así como la décima parte del techo permitido.
Ninguno se acercó al tope y eso puede ser mucho o poco, bueno o malo, según el cristal con que quiera verse y el entorno, la realidad que viva de cada opinador.
Quienes menores gastos e ingresos reportaron fueron los candidatos morenistas en su mayoría, y entre ellos, la que menos invirtió en promoción política fue YELILÉ ALEJANDRA GARCÍA COBOS, con un monto de 153 mil 923.31 pesos.
Hasta el candidato independiente, OCTAVIO ALMANZA HERNÁNDEZ, sin estructura política electoral atrás, habría aplicado más a su campaña: 405 mil l08.34 pesos.
La mayor cifra aplicada en campaña, dentro de los informes de fiscalización del INE, corresponden a la panista del 14 distrito, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, “de los GÓMES LEAL de allá mesmo”, por un monto de un millón 792 mil 176.06 pesos.
Entre las panistas la que menos le metió a la campaña fue ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, por 786 mil 345.13 pesos; de las cartas priístas OFELIA GARZA PINEDA lideró el reporte con un millón 375 mil 309.49 pesos y de MORENA, BERTHA ELENA SÁNCHEZ con 575 mil 181.58 pesos.
Aunque los partidos se limitaron a acercarles sólo una parte de las prerrogativas oficiales recibidas precisamente para la promoción al voto (el PAN 20 .2 millones el PRI 15 .8 millones, MORENA 5.6 millones y los restantes PRD, PR, PVEM y MCM 835 mil, 769.39 pesos), fue con el pase de charola con lo que pudieron meterle un plus a la inversión electoral algunos de ellos.
En el top de quienes dieron financiamiento privado a las campañas aparece FELIPE IGNACIO FLORES MORELOS, precisamente a favor de la panista MARÍA DEL PILAR, con un monto de 276 mil 263.47 pesos.
Le sigue SUGEY VÁZQUEZ quien le habría metido 226 mil 908 pesos a la campaña de JAIME BÁEZ CÁZARES y GABRIELA LIZBETH QUINTANILLA, quien le aportaría al proselitismo de Don Billeto, su padre RICARDO QUINTANILLA LEAL, abanderado por MORENA, en el 16 distrito con cabecera en Xico.
Entre los “proveedores ganones” de los seis estados donde hubo elección el 2 de junio, en la cuarta posición aparece Fuerza Gráfica del Norte, que en suma, a cinco candidatos panistas tamaulipecos le facturó un millón 50 mil pesos.
Estuvo tan pobre la jornada, que en las posiciones de la cinco a la 9 del top 15 de “mayores proveedores”, aparecen otros tres al servicio de dos panistas y una priista -JAVIER GARZA FAZ, IVETT BERMEA y ASTRID LATUADA- con proveedurías por 46 mil 400 pesos, o 40 mil más IVA.
En síntesis, el arqueo del área fiscalizadora del INE, establece que la mayor parte de la inversión de los candidatos tamaulipecos se aplicó en utilitarios -30.7 millones en gorras, playeras, vasos y cosas por el estilo-, seguido de 22.7 destinados a propaganda -espectaculares, mantas y pendones- y 20.7 en los operativos de campaña, es decir, compra y renta de espacios, mobiliario, sonido, mamparas, para las marchas, reuniones y mítines.
¿Y de qué sirve saber todo eso?, se preguntará con justa razón.
En principio son informes que todos los actores en la campaña debieron rendir prácticamente en tiempo real, como se fueron aplicando, para que la autoridad, en este caso el INE realice sus responsabilidades fiscalizadoras, transparentando las acciones y abonando a la equidad.
Créalo, muchos de esos reportes son simulados, de acuerdo a los arqueos institucionales que deberán derivar en sanciones, para irlos acotando hasta su extirpación.
Pero más que esto, la conclusión hoy es que todos los trabajos y las inversiones desplegadas en el proceso electoral, además de por partidos, candidatos y simpatizantes, por el andamiaje institucional que incluye consejos, institutos, fiscalías y tribunales, locales y federales, fue insuficiente para provocar la concurrencia ciudadana en las urnas.
Votó un tercio de los ciudadanos y se pueden relacionar variados motivos a bote pronto, pero lo que debe hacerse es una reflexión profunda de qué es lo que sucedió, para actuar en consecuencia, de manera amplia y responsable.
El pregonado acercamiento de las campañas a los ciudadanos, con las caminatas y visitas domiciliarias tiene un alto nivel de parcialidad, desde que el tiempo destinado al proselitismo es insuficiente para alcanzar al grueso de los potenciales electores de manera personal.
La disociación de los medios tradicionales de comunicación masiva como canales de promoción y propaganda, para justificarse en las impersonales y acotadas redes sociales desde el exterior, también han provocado un distanciamiento entre los actores públicos y la base ciudadana, propio no solo de las campañas políticas, sino del ejercicio del poder público mismo.
En fin, hay una serie de elementos a replantearse para animar la reconciliación local, regional y nacional desde la idiosincrasia propia.
Ese fue uno y acaso el mayor de los mensajes de la reciente elección tamaulipeca, no mayormente distinta a la dada en las otras cinco entidades.
En la reflexión, la toma de decisiones y su aplicación, no se acaba de dibujar quién tomará la iniciativa.
De aquellos números, decíamos, sigue la comparación de los reportes de partidos y candidatos contra los arqueos y revisiones hechas por el personal del INE, para lo que mañana deberán hacerse las observaciones y entrar al rol de solventaciones.
No es algo suelto; el ente fiscalizador ha desarrollado técnicas especializadas para desarrollar su trabajo, una Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) que durante el período de campaña, recopila información a través de distintos procedimientos: revisando in situ las operaciones de ingreso y gasto registradas por los sujetos obligados, recopilando información de la publicidad y propaganda en medios electrónicos e impresos, acudiendo a los eventos de campaña de los candidatos para obtener muestras de los gastos ahí observados, y recorriendo calles en cada ciudad en donde se realizan las elecciones para obtener testigos de la propaganda.
Todo esto para cotejar la información que presentan los sujetos obligados del destino de los recursos ejercidos en las campañas electorales; un Sistema Nacional del Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR). –Concentra en tiempo real y a nivel nacional, la información de los contendientes de cada proceso electoral; un Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y un Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Las revisiones oficiosas del INE se complementan con la investigación de quejas y denuncias presentadas por los adversarios en la contienda, de las que hoy hay 35 expedientes abiertos.
Todo esto y aquello queda en constancia de qué hay muchos recursos financieros, técnicos y humanos trabajando en torno de la fiscalización electoral como para que algunos piense son solo trámites remontables, sin detrimento de lo que haya pasado en la contienda.
Se piensa u se dicen muchas cosas; estamos por saber cuántas de ellas trascienden hasta convertirse en calidad de hechos consumados.
¿Y DÓNDE QUEDÓ EL COCHINITO?
