El Instituto Electoral de Tamaulipas, como árbitro de la contienda que terminará con la elección el seis de junio, se verá imposibilitado y, ante los ojos de la población no dejará a todos contentos, en caso de sancionar en los proyectos de acuerdo que alcanzara a llevar al Consejo General, a quienes actualmente ocupan un cargo de elección popular y aspiran a otro. Y se verá limitado porque la misma legislación electoral cuenta con lagunas o escollos que no se han querido llenar, porque así le conviene a los diferentes partidos políticos. La denuncia que interpuso Movimiento Ciudadano en contra de la alcaldesa de Victoria PILAR GÓMEZ LEAL, por una presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos no preocupa a la diputada con licencia, porque como ella misma lo aduce, desde que llegó al cargo se ha dedicado a trabajar y en gestionar más acciones de bienestar para Ciudad Victoria. Y tiene razón, aunque a la vista de los adversarios políticos, es otra cosa. Días atrás, el Regidor del Partido Revolucionario Institucional HORACIO REYNA DE LA GARZA mostraba cierta preocupación, en primera instancia convencido de que la alcaldesa tenía que solicitar licencia, como lo establece la ley, para ir a la promoción del voto en torno a una eventual reelección en el cargo. Pero en una segunda, por quién se quedaría en el cargo de GÓMEZ LEAL, porque él o la que llegara a asumir el interinato que establece el periodo de campaña, tendría que dar seguimiento a temas que tienen que ver con la recolección de la basura, continuidad al programa de pavimentación y bacheo, alumbrado público y entre otros, el delicado abasto de agua. Desde luego que Movimiento Ciudadano pretende sacar raja política al interponer esa denuncia ante el Ietam, organismo que al final de cuentas resolverá sin dejar a todos contentos. Incluso, podrá llegar al Tribunal Electoral y la misma denuncia no prosperará. De hecho, será un tema que se volverá recurrente con otros alcaldes, diputados locales y legisladores federales, en los que aún no terminan el cargo y ya aspiran a otro. Y difícilmente se les puede probar que están realizando una promoción personalizada e incluso, acusarlos de utilizar recursos públicos, porque al final de cuentas, están cumpliendo con la labor que les corresponde. Lo saludable sería que alcaldes, diputados locales y legisladores federales en periodo vigente, se desligaran para que hubiera una competencia en igualdad de condiciones con los que no ocupan cargos. Sin embargo no lo harán, al menos en lo que resta de febrero. Y es que la legislación electoral les obliga a desligarse de los puestos, con 90 días de anticipación al día de la elección, es decir, a principios de marzo. Mientras se llega ese plazo, cada uno de ellos podrá ir y venir. Supervisar obras y acciones. Acercarse con sus representados e incluso, hacer entrega de algunos productos para protegerse del río o bien, de la pandemia covid-19. Ante el Ietam se han interpuesto infinidad de quejas y denuncias, cuyo sentido de resolución no ha pasado de una simple amonestación pública o privada, incluso económica, que no representa ni el salario de una quincena de lo que perciben. Pese a ello, los que han sido sancionados, no han detenido el activismo político que traen desde hace meses. En fin.
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A dar la cara
