La participación del Gobierno del Estado a través de las dependencias involucradas en organismos municipales, es parte de una estrategia, encaminada a imponer orden.
Es una política implementada por el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA que inició en comapas y organismos operadores de agua potable y drenaje.
En este caso, la dependencia que ha empezado a imponer orden, es la Secretaría de Recursos Hidráulicos a través de personas designadas por su titular RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ.
Lo que se pretende también es que mejore la administración, exista transparencia en el manejo de los recursos y en un futuro no muy lejano, empiecen a trabajar con números negros y no rojos como lo hacen desde hace sexenios.
Desde luego que la idea de AMÉRICO es que en esta labor, también intervenga el Congreso local a través de sus diputados y formen parte de los Consejos de Administración de las Comapas y organismos de agua y drenaje.
A la par de ello, han invitado a participar en los consejos, iniciativa privada y miembros de la sociedad civil.
En otras palabras, se busca amarrar de manos a quienes están al frente de estos organismos municipales, llegados a utilizar como cajas chicas en campaña y los que tienen el manejo de los recursos.
Pudiéramos decir que esa misma estrategia implementada por el gobernador VILLARREAL ANAYA, se pretende implementar en los ayuntamientos, en donde los primeros en brincar, son precisamente los alcaldes, aun habiendo llegado al cargo por el partido Morena.
Quizá por ello se ha generado el conflicto al interior del ayuntamiento de Victoria, en donde se pretende hacer cambios en direcciones estratégicas para un mejor funcionamiento administrativo como económico, en aras de mejorar aspectos de urbanismo en la Capital del Estado.
Las discrepancias de regidores del Ayuntamiento de Victoria con el alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ llegaron hasta el Congreso local, donde el Poder Legislativo le dio de plazo al presidente municipal tres días para que comparezca en persona o por escrito.
La convocatoria del Congreso es simple: responder a la solicitud de regidores que lo acusan de violentar la ley y exigen por ello la remoción del alcalde.
Lo anterior forma parte de un acuerdo aprobado, con once votos a favor y dos abstenciones, por las comisiones unidas de gobernación y asuntos municipales. Con ello se busca dar respuesta a la denuncia de los regidores, recibida en el pleno durante la sesión de este miércoles.
En fin.
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