El 29 de septiembre de 1949 el Congreso del Estado en Tamaulipas aprobó el decreto número 126 mediante el cual se creó la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, (JAD) poco tiempo después, el 15 de octubre se nombró al primer gerente general, el Sr. Don Florentino Cuellar quien tuvo sus oficinas en la calle 11 entre Abasolo y Matamoros que era puntualmente su casa.
El segundo gerente de la JAD fue Humberto Calderoni Cavazos en la administración del entonces presidente municipal, Don Ernesto Elizondo, quien duro nueve años en el puesto y rentó las primeras oficinas formales en la calle siete.
Desde aquella época han pasado muchas administraciones, y de muchos es sabido las peripecias que ha tenido que vivir esta paramunicipal para poder ser autosustentable, ha sido difícil, las necesidades técnicas y de infraestructura son apremiantes y voraces que muchas veces parece un barril sin fondo.
La situación se complica cuando a este ente de gobierno paramunicipal que debiera manejarse con criterios exclusivamente técnicos se le aplican discernimientos políticos, luego entonces los resultados inexorables son los que hasta ahora hemos tenido, aguas negras, caídos sin resolver, contratos ventajosos para ciertos sectores con usuarios mal atendidos sino es que hasta olvidados y que por más buena voluntad que tengan los políticos del partido que sean, pareciera una problemática imposible de resolver.
En días pasados, el diputado Isidro Vargas presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la ley de aguas del Estado de Tamaulipas, y de los diversos organismos operadores de agua potable y todos sus derivados operados por los municipios.
Su planteamiento fue contundente, inició reconociendo el agua potable y el saneamiento como un derecho humano, esencial para el pleno disfrute de la vida. Fue enfático en mencionar varios aspectos, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, y tal derecho mencionado será garantizado por el Estado.
En ese tenor el agua debe recibir trato como bien social, cultural y nunca como un bien exclusivamente económico, es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud y es indispensable para vivir dignamente y una condicionante previa para la realización de otros derechos, por esa razón se plantearon estas reformas que pretenden rescatar a los organismos operadores del agua en Tamaulipas, incluyendo la JAD.
Sesudo lector, cabe mencionar que de mucho tiempo a la fecha la mencionada JAD está supeditada a las decisiones que se tomen al seno de su órgano de gobierno denominado Consejo de Administración, actualmente dicho consejo está conformado por el presidente municipal, quien funge como presidente del órgano de gobierno, los titulares de tres dependencias municipales que son el Secretario del Ayuntamiento, de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano; tres representantes del ejecutivo del Estado que son el Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, el de Salud y el de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, un diputado o diputada del congreso del Estado y tres representantes de los sectores social y privado que se ha limitado solamente a la Canaco, Canacintra y CTM, un total de once consejeros en total.
La reforma propuesta por el diputado Isidro Vargas y aterrizada en el decreto 65-883 establece una mayor participación de la sociedad en el Consejo de Administración, paso a explicarme en este punto.
Ya no serán once consejeros sino catorce conformados de la siguiente manera.
El Presidente municipal seguirá siendo presidente del Consejo y lo acompañaran los titulares de las siguientes secretarias: Fomento Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Urbano.
Por parte del Estado estarán el Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, el de Salud y el de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
También formaran parte de este Consejo los cuatro legisladores locales correspondientes a Matamoros de los distritos IX, X, XI y XII.
Hasta aquí estos once consejeros establecidos propondrán a tres representantes del sector social que ya no tendrán que ser Canaco, Canacintra y la CTM, sino que podrán ser de cualquier otro ente del sector social o privado dando un total de catorce consejeros de la JAD.
Querido y dilecto lector, se pretende que los representantes de los sectores social y privado que integren el consejo de administración de la JAD sean propuestos y electos por quienes conforman su órgano de gobierno, para efecto de qué las personas elegibles resulten idóneas para intervenir en los asuntos que se tratan en el citado consejo y que, efectivamente, con sus intervenciones, contribuyan con elementos objetivos que sean de utilidad para la toma de decisiones en beneficio de los usuarios matamorenses. En pocas palabras que el consejo de administración de la JAD cuente con mayor representación de la sociedad matamorense y que eso se traduzca finalmente en una mejor empresa paramunicipal.
Definitivamente hacen falta otros cambios, algunos tienen que ver con la actitud de servicio de quienes ocupan un puesto dentro de la JAD, esperemos que esta reforma que fue aprobada por mayoría y que hacia tanta falta sea el inicio de un mejor organismo administrador del agua en Matamoros.
El tiempo Hablará.
