Andrés Zorrilla y Juan Diego Guajardo están en la mira. Los ex alcaldes enfrentan severos señalamientos por presunto desvío de recursos. Ambos dejaron los Ayuntamientos de Madero y Río Bravo -respectivamente- económicamente devastados.
Para ponerlo en proporción, las inconsistencias de la cuenta pública del 2017 en Madero superan el 80 por ciento del presupuesto anual. Están en duda 492 de los 612 millones de pesos.
Zorrilla utilizó más de 30 proveedores fantasma con domicilios fiscales en ruinas y abandonados.
En la partida de servicios de arrendamiento, el municipio registró 33 millones de pesos, derivado de operaciones celebradas con la empresa AB&C Leacing de México sin que existiera una propuesta económica, licitación o proceso de adjudicación.
Las irregularidades se encontraron también en el arrendamiento de patrullas y compra de equipo de cómputo por un total de 4 millones de pesos. No hay evidencias del proceso de adjudicación o de la empresa inscrita en el padrón de proveedores.
De hecho, el director del Departamento Jurídico Alfredo Campos expuso en conferencia de prensa que durante 2017 y en 2018 se efectuaron operaciones por 25 millones de pesos con proveedores que no se encuentran inscritos en el padrón.
Andrés Zorrilla culmina en el desprestigio su efímero paso por la actividad publica. El empresario perdió el piso. Se creyó omnipotente. Incumplió con la ley. Siendo alcalde se peleó con todos y utilizó los recursos públicos para sus venganzas personales. Hoy, sin aliados, tendrá que enfrentar la justicia.
En Río Bravo la historia se repite. Juan Diego Guajardo ya fue requerido por la Auditoría Superior del Estado.
La lista de irregularidades es larga. Hay observaciones en 120 millones de pesos por recibos de nómina no timbrados, inconsistencias en 11 obras por 16 millones de pesos y gastos y licitaciones públicas donde no hubo documentación por 37 millones de pesos.
El monto acumulado en las observaciones de la Auditoría rebasa los 200 millones de pesos.
Al asumir la alcaldía de Río Bravo, Carlos Ulivarri hizo la denuncia. El panista confirmó recibir un Ayuntamiento con deudas a proveedores, sin dinero y con marcados rezagos en los servicios básicos.
Zorrilla y Guajardo tienen el beneficio legal de la duda. El plazo para subsanar las inconsistencias es el próximo 8 de enero. Además de los ex alcaldes, la investigación implica a los tesoreros y los primeros síndicos.
La Auditoría Superior del Estado es hoy un ente con más recursos humanos y económicos para profundizar en sus investigaciones. La revisión de las cuentas públicas ya no resulta mero trámite.
La ASE tiene la última palabra en un proceso que también superó los tintes políticos con el panista Andrés Zorrilla y el priista Juan Diego Guajardo a la cabeza de la lista de los primeros acusados.
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