“Los gobernadores de la Alianza Federalista concretamos nuestro compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, combatiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. Por ello, el pasado viernes suscribimos las demandas que esta semana presentaremos ante la Corte para controvertir dicha extinción” confirmaron los mandatarios mediante un comunicado emitido este domingo.
Expusieron que como gobernadores están obligados a velar por el bien de la gente y su forma y calidad de vida; por sus municipios y su gobernanza; por sus Estados y su viabilidad; y por la salud política de la federación misma.
Destacaron que las controversias constitucionales son en defensa de todos, porque los alcances de esta reforma son incalculables en daño y afectados. Nadie se salvará del tsunami de su devastación.
Agregaron que la extinción de fideicomisos viola principios y preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio; desquicia por igual haciendas públicas y patrimonios privados. Priva de futuro a incontables mexicanas y mexicanos.
La reforma que extingue fideicomisos confisca derechos adquiridos de gobiernos, organizaciones y personas. Trunca proyectos públicos y privados; de vida y familia, de ciencia y justicia; de cultura y deporte; de sustento y salud. Condena indiscriminadamente al desamparo y concentra recursos, que hasta hace unos días estaban debidamente etiquetados y auditados, a un manejo discrecional y opaco. Maquiavelo le llamó el “Arcana Imperii”, el imperio del secreto.
Cabe señalar y destacar que no todos los recursos que se quieren concentrar en la Tesorería de la Federación son de origen federal. Muchos son privados, de origen nacional o internacional; otros son públicos, pero emanados los Estados y municipios, lo cual será motivo de innumerables litigios, costos e indemnizaciones.
Las controversias constitucionales, preparadas por los equipos jurídicos de cada uno de los Estados que integramos la Alianza Federalista, operan en dos niveles de impugnación: uno abstracto, que combate la violación de principios y preceptos constitucionales; y otro, concreto que desarrolla conceptos de invalidez por cada uno de los 109 fideicomisos extinguidos, haciendo valer las afectaciones particulares y contextualizadas a cada estado.
El primer objetivo de la estrategia legal es lograr la suspensión del acto reclamado, es decir, que la Corte ordene suspender la concentración de los recursos de los 109 fideicomisos (más de 68 mil millones de pesos) en la Tesorería de la Federación hasta que se resuelva el fondo de la controversia, a riesgo de volver irreparable el daño. El segundo y central objetivo es que la justicia federal declare inconstitucional la reforma que extingue los fideicomisos y la deje sin efectos.
En la Alianza Federalista destacamos y reiteramos que la defensa de los fideicomisos no es sólo para beneficio de nuestras entidades, sino para todos aquellos entes públicos y privados que serán severamente afectados si no se logra detener esta inconstitucionalidad.
