Victoria.- (Alfredo Guevara) Investigaciones y estadísticas que maneja el Congreso de la Unión, producto de estudios y análisis levantados a lo largo de la República Mexicana, revelan que la introducción de vehículos de procedencia norteamericana al interior del país ha crecido de cinco a siete millones de unidades en los últimos dos años
De hecho, la entrada de autos y camionetas, sobre todo por los puentes internacionales de Matamoros, no disminuye y contrario a ello es a diario, producto de la necesidad que tiene la mayor parte de la población para cubrir necesidades que tienen que ver con el trabajo, la educación de sus hijos o bien, otro tipo de actividades para tener un ingreso, estableció Jesús Manuel Zúñiga
El Coordinador Estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), aseguró que el tema de la nacionalización o regularización de esa cantidad de unidades, será revisado por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como hizo ver en la última visita a Tijuana
“Nosotros seguimos a la espera de la publicación de un decreto para los vehículos que circulan al interior del país, el Presidente de México dijo que era un tema a revisar y esperamos que sea favorable para los propietarios de esas unidades” estableció
El hecho de que cada día aumente el ingreso, es producto de que la mayor parte de los propietarios no son susceptibles de obtener un crédito para la adquisición de unidades de modelo reciente o de los considerados como seminuevos, de ahí que mejor opten por una unidad de precio económico como lo es el de procedencia norteamericana
Zúñiga Maldonado consideró que del lujo paso a ser una necesidad tener un vehículo hoy en día, producto del crecimiento que registran la mayor parte de las ciudades y del traslado de un lugar a otro por parte de los padres de familia
Supo reconocer que el país está prácticamente “inundado” de unidades americanas, las que con el paso de los días ingresan por la zona norte
La problemática consideró que se mantendrá, al menos mientras el Gobierno no decida poner orden